ANÁLISIS: Tendencias y perspectivas del sector inmobiliario en Colombia (Parte 2)

ANÁLISIS: Tendencias y perspectivas del sector inmobiliario en Colombia (Parte 2)

18 Enero, 2021 - Noticia

Mercado laboral y clase media

 

Según BanRep, a enero de 2016 existían 22,203,000 personas ocupadas, 2,261,000 personas desocupadas y 13,113,000 inactivas, a nivel nacional. Estas cifras han incrementado en un 2%, 4% y 0% respectivamente para el mismo periodo en el 2015. En Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín se concentra cerca del 40% de la población ocupada del país.

Con respecto al 2015, las regiones Caribe y Orinoquía aumentaron su población ocupada en un 4% y la región Pacífico en un 2%, mientras que la región Andina, que concentra gran parte de la actividad propia de los centros urbanos colombianos, redujo su población ocupada en un 8%, seguida por la Amazonía, en la que la reducción fue del 7%.

La clase media colombiana ha venido en ascenso en la última década. Este segmento de la población, se divide en la clase emergente (aún se encuentra en riesgo de caer en la pobreza) y la clase consolidada (no presenta riesgo de caer en la pobreza). La clase media vive en las zonas urbanas, y tienen empleos formales en empresas privadas con un nivel superior de estudios.

Recientemente, la clase media ha incrementado drásticamente, pasando de conformar un 27.5% de la población en 2012 a alrededor de un 70% en 2016. Su poder adquisitivo es un factor fundamental en el ritmo económico que ha mantenido Colombia en los años recientes.  Los ingresos de la población de clase media deben estar entre USD $1,200 y USD$ 5,900 mensuales para todo el hogar y por lo general los hogares están compuestos por 3 personas. Actualmente la población en situación de pobreza constituye un 27.8% de la población total, es importante resaltar que la población de clase media consolidada supera la población considerada en situación de pobreza.

Negocios-TLC

 

Colombia, por su ubicación geográfica en América Latina y sus recursos naturales, se está convirtiendo en uno de los principales puntos inversión en la región. Gracias a la favorabilidad de inversión extranjera y local producto a los estándares fuertes de control, el Banco Mundial ha catalogado a Colombia como el primer país de América Latina en protección a la inversión . El crecimiento del PIB de Colombia en la última década ha sido significativamente superior a la media mundial. Colombia se ha caracterizado por su estabilidad inflacionaria desde el 2009 al mantener su inflación dentro de los limites establecidos por la Junta Directiva del Banco de la República (2% – 4%).

Sin embargo, desde el 2015 esta tendencia no se ha evidenciado de igual manera producto a las políticas macroeconómicas y la coyuntura económica global. Recientemente, las principales agencias de calificación han disminuido la perspectiva de Colombia de estable a negativa, pero acompañado de recomendaciones para poder recuperar la perspectiva y además mantener el grado de inversión del país.

La inversión extranjera está permitida en casi todos los sectores de la economía , salvo para la Seguridad y Defensa Nacional, y para el tratamiento, disposición y desecho de residuos tóxicos, peligrosos o radiactivos, que no se producen en el país.
En su mayoría, no existen límites en los porcentajes de inversión extranjera. En cumplimiento con la política de promoción de la inversión extranjera, el Gobierno ha suscrito varios acuerdos internacionales de inversión , incluyendo la promoción recíproca y las cláusulas de protección de la inversión.

 

Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia

 

La campaña de promoción de Libre Comercio ha sido apoyada por el número de Tratados de Libre Comercio que Colombia ha suscrito. El acuerdo entre Estados Unidos y Colombia de Promoción Comercial (CTPA), firmado en el 2006 y ratificado en el 2012, es uno de los más significativos .
En los últimos 10 años, Colombia ha aumentado su nivel de exportación en un 400%. En mayo del presente año entró en vigor el Acuerdo Comercial de la Alianza del Pacífico, integrada por México, Chile y Perú.

 

Infraestructura

 

En 2012 Colombia adoptó el régimen de Asociaciones Público Privadas como una de las principales formas de financiación de infraestructura, abriendo la posibilidad al desarrollo de proyectos públicos y de iniciativa privada mediante este mecanismo.

Los sectores de infraestructura de transporte se dotaron de agencias especializadas y mejores prácticas internacionales, como la disposición de un fondo público de contingencias orientado a cubrir los riesgos públicos, permitiendo de esta forma aumentar la confianza en
la inversión en el sector. En 4 años Colombia pasó de la posición 93 a la 84 en el ranking de calidad de infraestructura del World Economic Forum, lo cual refleja una evolución positiva debido a las inversiones constantes que se han realizado.

El plan de inversión en infraestructura a nivel nacional cubre 50 billones de pesos en los sectores carretero, portuario, aeroportuario y fluvial.Además del plan del nivel nacional se cuenta con múltiples iniciativas municipales, esencialmente enfocadas en el desarrollo de sistemas de transporte masivo para ciudades, modos férreos y grandes complejos logísticos, portuarios y de edificios públicos.

Basándose en datos del DNP, MHCP y Ministerio de Transporte, la inversión en infraestructura ha pasado de 2% del PIB en el 2004 al 3.3% 2015 aproximadamente. Los sectores mayoritarios dentro de este porcentaje son transporte, movilidad y comunicaciones.

El MHCP cuenta con un cupo de inversión del 0.35% del PIB para los años 2016 y 2019 dirigido a proyectos bajo esquema de APP ́s, a partir del año 2020 se espera aumentar el cupo al 0.4% del PIB. Actualmente están en ejecución, bajo esquema APP, 29 Carreteras (inversión de $35 billones COP de 2014), 2 Aeropuertos (inversión de $ 624 mil millones COP de 2014) y la recuperación del Rio Magdalena con inversión de $890 mil millones de COP de 2014. Adicionalmente, están en fase de planeación y estructuración proyectos de infraestructura educativa, hospitalaria, carcelaria, edificaciones públicas y de transporte férreo.

 

Fuente: Deloitte